La ex Procuradora de Tamaulipas y actual diputada local, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, consideró que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo tiene fines recaudatorios, toda vez que va dirigida a 196 mil créditos fiscales, “independientemente de quiénes son los deudores, los cuales tienen litigios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Impacto en derechos humanos y afectación económica
Explicó que la aplicación retroactiva de la ley afectaría los derechos humanos de muchas personas, entre ellos 196 mil mexicanos, muchos pequeños comerciantes y empresarios con litigios fiscales, y aseguró que esta medida refleja el interés hacendario del Gobierno Federal, que busca recursos porque está “quebrado”.
Crítica a la eliminación de derechos ciudadanos
Comentó que la reforma elimina el derecho de la ciudadanía a protegerse, afectando a todos, y enfatizó que su partido jamás ha acompañado ni acompañará esta reforma.
Señaló que el golpe al principio de no retroactividad de la ley es uno de los mayores trastocamientos jurídicos en México.
Propósito de la reforma y preocupaciones
Guillén Vicente reiteró que, aunque la reforma pretende impedir el amparo sobre amparo para evitar la evasión de impuestos, simultáneamente “desampara a cualquier ciudadano, no solo a los grandes empresarios”.
Para la ex legisladora federal, el trasfondo no es mejorar la eficacia del amparo, sino crear una figura que viola derechos humanos.
“Yo esperaría que de hacerse modificaciones fuera a favor de los ciudadanos y no en contra, porque aquí no hablamos de tener en barrica, sino de cualquier ciudadano normal que puede estar a expensas de cualquier causa que pudiera ser inclusive una venganza,” concluyó.
