Desde su creación por el jurista Mariano Otero y Mestas en 1847, la Ley de Amparo ha sido una herramienta clave para proteger los derechos de personas y empresas frente al poder público.
El Juicio de Amparo es un referente internacional y una aportación original del constitucionalismo mexicano al derecho mundial, ya que protege tanto derechos humanos como derechos fundamentales contra leyes, actos de autoridad y omisiones.
Critica contundente de la reforma
El ex diputado local y ex presidente del PRI, Ramiro Ramos Salinas, calificó la propuesta de reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre como un retroceso enorme, señalando que por primera vez en más de 150 años se debilita la capacidad de defensa ciudadana ante abusos de autoridad.
“Algunos sexenios avanzaron mucho, otros poco, pero nunca se había retrocedido como ahora. Es una regresión impresionantemente triste,” expresó el ex dirigente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco.
Impacto en derechos y economía
Ramos Salinas advirtió que la reforma no solo vulnera derechos individuales, sino también afecta a las empresas al limitar su defensa jurídica frente a decisiones arbitrarias.
“Lo más importante para un gobierno es la creación de empleos, y estas políticas públicas retrógradas están provocando la pérdida de miles de ellos,” agregó.
Principales puntos de controversia
El cambio más controvertido es la restricción del acceso al juicio de amparo, especialmente al limitar el concepto de “interés legítimo” y reducir los casos en que se otorgan suspensiones contra actos de autoridad.
Además, criticó que la reforma se aplicará de forma retroactiva, contrariando la Constitución que prohíbe la retroactividad en perjuicio de derechos adquiridos.
Posición institucional y voces críticas
Mientras el gobierno argumenta que la reforma busca mayor certeza y orden en el sistema judicial, Ramos Salinas y otras voces advierten que la medida limita el amparo como instrumento de protección frente a abusos de poder.
La reforma representa, según él, un golpe a la vida jurídica e institucional de México al debilitar los contrapesos frente al poder público.
