La diputada federal y presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables en San Lázaro, Casandra de los Santos Flores, aplaudió que organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad hicieran uso, por primera vez, de la recién creada figura de audiencias públicas de la Corte para solicitar a los nueve ministros del Pleno que los escuchen antes de tomar una decisión.
Y es fe desde hace nueve años, expuso la legisladora por Tamaulipas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estableció que como estado parte de dicho instrumento internacional, México está obligado a garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en las decisiones que les afecten.
De los Santos Flores, subrayó que a través de este criterio, la SCJN ha declarado inconstitucionales más de 50 legislaciones en las que las personas con discapacidad no fueron consultadas por los poderes legislativos para conocer cuáles son sus necesidades.
“Esto obligaba a los congresos a realizar las consultas mismas que debían ajustarse al estándar establecido por la Corte…la ministra Lenia Batres, insistió en dejar de aplicarlo”.
La diputada por el partido Verde, dijo que desde la Cámara baja, están muy al pendiente de la decisión que tome la ministra Batres Guadarrama, quien hace unas semanas aceptó que buscaría que la nueva conformación de la Corte abandone dicho criterio que no sólo aplica a personas con discapacidad sino que está destinado a respetar el derecho de consulta previa de los grupos vulnerables.
“Las intenciones no bastan, las leyes construidas desde un escritorio sin la experiencia de quienes viven la realidad día con día no solo fallan, discriminan”, puntualizó.
Refirió que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México es muy clara, y su objetivo principal es proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás.
