Apropiarse de una pensión de una persona adulta que haya fallecido, es un delito que puede acabar con consecuencias graves, advirtió el delegado federal de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez.
“Pudiera darse alguna situación”, reconoció el funcionario federal, al referirse a casos en los que familiares continúan recibiendo el apoyo tras la muerte de un beneficiario.
“Nosotros exhortamos a la ciudadanía a no hacer mal uso de este recurso y acudir inmediatamente a dar de baja a la persona”, enfatizó.
Reiteró que las personas que continúen cobrando la pensión de adultos mayores fallecidos, podrían enfrentar consecuencias legales, al tratarse de un mal uso de recursos públicos.
Señaló que, aunque actualmente el procedimiento consiste en dar de baja inmediata a los beneficiarios fallecidos, este tipo de prácticas podrían considerarse como un daño al erario, lo que abre la posibilidad de sanciones más severas, luego de aplicar la denuncia penal.
Reyes Rodríguez, explicó que, a nivel nacional, el padrón del programa 65 y Más se actualiza de manera automática cuando se registran defunciones, pero insistió en la importancia de que los familiares presenten el acta de defunción para formalizar la baja.
“Cada vez que mueren las personas, cuando se dan de baja, el padrón es depurado automáticamente desde oficinas centrales”, detalló.
Aclaró que la dependencia federal no tiene facultades para presentar denuncias penales, pero sí puede proceder a la baja inmediata en cuanto detecte alguna irregularidad.
El delegado no descartó que, en el futuro, este tipo de conductas pudieran ser penalizadas con cárcel, al ser consideradas un daño al recurso público federal.
“Todo lo que es un daño, como tú lo dices, pudiera ser considerado para incrementar la sanción”, dijo.
