Quienes no presentaron a tiempo su declaración patrimonial tendrán margen para corregir. Los cerca de 7 mil servidores públicos omisos cuentan con un plazo extra.
El periodo es de 30 días. Durante ese tiempo podrán cumplir y evitar sanciones, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Así lo informó Norma Angélica Pedraza Melo. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno detalló cómo operará la revisión.
Caso por caso, sin presumir mala fe
La dependencia aclaró que no todos los omisos son iguales. Por eso revisará cada situación de forma individual.
Pedraza Melo lo explicó así. "La Dirección de Responsabilidades revisará caso por caso la situación de las personas identificadas como presuntamente omisas al cierre del 31 de mayo. No todos los casos corresponden necesariamente a un incumplimiento deliberado", señaló.
Tras la revisión vendrá la notificación. Una vez avisados, los involucrados tendrán un mes para presentar pruebas de cumplimiento o aclarar su situación.
Por qué algunos no declararon a tiempo
La funcionaria detalló que las causas son variadas. Muchos casos no responden a una omisión intencional.
Entre los motivos detectados hay situaciones comprensibles. Estas son algunas:
- Errores durante el envío de la información.
- Falta de registro del acuse correspondiente.
- Problemas de salud.
- Circunstancias extraordinarias que impidieron declarar a tiempo.
Por eso, la dependencia opta por revisar antes de sancionar.
Qué sanciones marca la ley
Omitir la declaración se considera una falta no grave. Aun así, tiene consecuencias previstas en la ley.
El rango de sanciones es amplio. Va desde una amonestación hasta medidas más severas:
- Amonestación privada o pública.
- Suspensión del cargo.
- Destitución.
- Inhabilitación de tres meses a un año.
La medida concreta dependerá de cada caso y de las aclaraciones que presente el servidor.
Antecedente: 60 sanciones en 2025
El tema no es nuevo para la dependencia. El año pasado ya hubo consecuencias para varios funcionarios.
Pedraza Melo aportó la cifra. La Secretaría impuso alrededor de 60 sanciones en 2025 contra servidores omisos.
Ese antecedente marca el contexto. La obligación de declarar tiene vigilancia activa, y el incumplimiento puede derivar en castigos reales.