Desde Ciudad Victoria, el diputado morenista Armando Zertuche Zuani lanzó un llamado directo al Estado mexicano. Según el legislador, cualquier político o funcionario señalado por vínculos con el crimen organizado debe enfrentar la justicia en México, no ante autoridades extranjeras. La postura cobra relevancia en un contexto de tensión diplomática entre México y Estados Unidos por solicitudes de extradición.
Zertuche Zuani fue presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas. Desde esa experiencia, subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia responsable de conducir las investigaciones necesarias. Además, respaldó la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación bilateral, pero con condiciones claras.
La FGR debe actuar antes que cualquier extradición
"Antes de acceder a solicitudes de extradición por parte de autoridades de Estados Unidos, algunas de ellas fundamentadas, internamente en el país se debe revisar si el funcionario o político está involucrado en ilícitos relacionados con la delincuencia e incluso el huachicol fiscal", señaló el legislador.
El diputado tamaulipeco coincidió con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Ambos consideran que los llamados narcos políticos deben ser procesados en territorio nacional. Por ello, rechazaron que procedimientos impulsados desde el extranjero desplacen la actuación de las instituciones mexicanas.
La postura de Zertuche Zuani apunta también a un diagnóstico más amplio sobre la clase política del país. Según el legislador, la corrupción fue el principal instrumento de gobernabilidad durante los gobiernos del período que él denomina neoliberalista. "La habilidad práctica para la gobernabilidad fue la corrupción: salpicar a oponentes, chantajearlos, comprarlos, para meterlos en la misma dinámica que hoy estamos pagando", precisó.
Revisión exhaustiva dentro del marco legal mexicano
Zertuche Zuani fue enfático en que el gobierno federal debe realizar un análisis serio y detallado. El objetivo, según el diputado, es determinar si personajes políticos requeridos por otro país cometieron delitos dentro del territorio nacional. Solo así, argumentó, se podrán asignar responsabilidades conforme a la ley mexicana.
"Sí existen investigaciones contra personajes políticos requeridos por otro país, el gobierno de México debe realizar una revisión exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del marco legal mexicano", enfatizó el legislador morenista.
Para Tamaulipas, entidad que históricamente ha registrado presunta infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno, el debate tiene un peso particular. La exigencia de que las instituciones nacionales lideren los procesos legales representa, según el diputado, una condición mínima de soberanía. La pregunta que queda abierta es si la FGR cuenta hoy con la capacidad y la voluntad política para asumir esa responsabilidad.