Una iniciativa presentada ante el Congreso de Tamaulipas propone castigar con cuatro a ocho años de prisión a particulares que impartan educación ilegal en Tamaulipas sin contar con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE).
El diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, del Distrito 12 e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la propuesta. Plantea reformar el primer párrafo del artículo 189 Ter del Código Penal del estado.
La iniciativa y sus alcances
Además de la pena de prisión, el proyecto contempla una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La sanción se aplicaría por cada institución educativa que opere sin los permisos requeridos.
Vargas Fernández argumentó que las sanciones vigentes son insuficientes frente a las afectaciones que pueden registrarse en la entidad. Por eso propuso aumentar las penas y fijar un castigo acorde con la gravedad de la conducta.
El daño a los estudiantes
La iniciativa detalla que quienes impartan servicios educativos deben contar previamente con autorización o RVOE, y cumplir con requisitos de seguridad, protección civil, infraestructura, y planes y programas educativos.
El documento señala que los alumnos resultan afectados cuando ingresan a instituciones sin RVOE. Tras invertir tiempo, esfuerzo y recursos, pueden descubrir que su formación carece de reconocimiento oficial. El problema se agrava al concluir los estudios, cuando enfrentan dificultades para obtener documentos que acrediten la preparación cursada en una institución no autorizada.