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Diputada del PAN exige suspensión de cobros de parquímetros en Ciudad Victoria

La diputada del PAN Patricia Saldívar Cano pidió suspender los cobros de los parquímetros en Ciudad Victoria, al señalar que la concesión lleva más de 15 años vencida y el servicio opera sin contrato ni supervisión.

Por Enrique Jonguitud

11 de ago., 2026 • 10:00

Parquímetros en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuya concesión es cuestionada por la diputada del PAN Patricia Saldívar Cano

Foto: Hoy Victoria - Las noticias de Cd Victoria

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La diputada local del PAN Patricia Saldívar Cano pidió suspender temporalmente los cobros de los parquímetros en Ciudad Victoria. Su argumento: la concesión lleva más de 15 años sin actualizarse y el servicio opera sin contrato ni supervisión.

Saldívar Cano calificó la situación como "irregular, opaca y jurídicamente indefinida". Según su planteamiento, la concesión original perdió vigencia pero el servicio continúa activo en varios puntos de la capital de Tamaulipas.

"La concesión otorgada hace más de 15 años ha perdido vigencia, pero continúa operando sin contrato actualizado, sin autorización", señaló la legisladora.

Qué pide la diputada al Ayuntamiento

Saldívar Cano propuso que el Ayuntamiento de Ciudad Victoria publique un informe sobre la situación jurídica, técnica y financiera de la concesión. El documento debería aclarar bajo qué condiciones continúa operando el servicio.

Además de frenar los cobros, la diputada planteó detener el uso de inmovilizadores en las zonas donde operan los parquímetros. La medida busca evitar sanciones a los usuarios mientras no exista certeza legal sobre el servicio.

La legisladora cuestionó también la ausencia de mecanismos claros de supervisión técnica, financiera y administrativa. Esa falta de controles, afirmó, genera incertidumbre para quienes pagan o reciben sanciones.

Sin contrato y sin claridad para los usuarios

Saldívar Cano argumentó que la irregularidad afecta directamente a las familias de Ciudad Victoria, sobre todo cuando enfrentan cobros y medidas sancionadoras cuya aplicación también es cuestionada.

"No podemos normalizar la improvisación, la opacidad ni la falta de control administrativo. No podemos permitir que un servicio público opere durante años sin contrato, sin supervisión y sin claridad para quienes lo utilizan", afirmó.