La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CDHTE) emitió la Recomendación 16/2026 contra la Fiscalía General de Justicia del Estado por irregularidades en la atención de un caso de homicidio culposo. El organismo detectó omisiones del personal de la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral.
La Comisión determinó que el personal de esa agencia vulneró derechos humanos vinculados a una inadecuada procuración de justicia y a la falta de debida diligencia, tras revisar la carpeta de investigación correspondiente.
Qué ordenó la CDHTE a la Fiscalía
El organismo pidió a la Fiscalía reconocer a las víctimas ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para iniciar el procedimiento de reparación integral del daño. También ordenó realizar, a la brevedad posible, las diligencias que permanecen pendientes en la investigación.
La identidad de la denunciante fue reservada para proteger sus datos personales.
La queja: 30 mil pesos y una presunta comisión a la agente del MP
Según el testimonio incorporado al expediente, la afectada intentó sustituir a su abogado particular por un defensor de oficio porque no contaba con recursos para continuar pagando la representación legal. El abogado le habría solicitado 30 mil pesos para continuar durante la apelación de una sentencia.
La mujer relató que planteó a una agente del Ministerio Público la posibilidad de recibir apoyo de un abogado de oficio. La respuesta que recibió, según su testimonio, fue distinta.
"Quiero mencionar que inicialmente el abogado particular me solicitó 30 mil pesos para representarme en lo que sería la apelación de la sentencia, pero yo le manifesté a la licenciada que no tenía ese dinero para pagarle, sin embargo, ella me dijo que hiciera lo posible para conseguirlo, ya que de ese dinero a ella le correspondía la mitad", expuso la afectada.
Investigación interna y capacitación obligatoria
La CDHTE también pidió a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos integrar la recomendación al expediente de queja, investigar los actos señalados y acelerar la investigación administrativa.
Además, solicitó implementar capacitación obligatoria en derechos humanos, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, procuración y debida diligencia para evitar que este tipo de irregularidades vuelvan a ocurrir.