El personal de los centros de atención infantil de Tamaulipas podría quedar sujeto a nuevos criterios de profesionalización si avanza una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado el 22 de septiembre.
La diputada local de Morena, Francisca Castro Armenta, propone adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley de Centros de Atención Infantil del Estado de Tamaulipas. El objetivo es establecer una correspondencia directa entre las responsabilidades del personal y su preparación académica, profesional o técnica.
"La presentación legislativa tiene por objeto fortalecer la calidad de los servicios que se brindan en los centros de atención infantil del estado de Tamaulipas mediante el establecimiento de criterios de profesionalización para que el personal que desempeñe funciones técnico pedagógicas, educativas, de estimulación, atención especializada o dirección cuente con el perfil académico, profesional o técnico acorde con las funciones que realiza", expuso Castro Armenta.
El vacío legal que detectó la diputada
La legisladora argumentó que la ley estatal contempla servicios de desarrollo infantil, actividades educativas y recreativas, atención de niñas y niños con discapacidad, y servicios médicos y psicológicos. Con ese abanico de funciones, consideró necesario reforzar los criterios de contratación del personal a cargo.
El artículo 35 vigente ya lista el personal mínimo que deben integrar estos establecimientos: asistentes educativos o equivalentes, cocineras, educadoras, enfermeras, intendentes, nutriólogas, psicólogos, trabajadores sociales y vigilantes. Sin embargo, la legisladora señaló que la ley no establece de forma expresa qué preparación académica o técnica requiere cada función.
"Este criterio se aplicaría exclusivamente a las funciones señaladas, de manera que la preparación requerida pueda corresponder a las características de cada actividad y a las responsabilidades inherentes a su desempeño", planteó.
Título y cédula profesional, cuando la función lo exija
La iniciativa también contempla que, cuando la naturaleza de las funciones lo requiera, el personal deberá acreditar el título y, en su caso, la cédula profesional correspondiente. La propuesta busca perfeccionar el marco jurídico estatal para que las responsabilidades dentro de los centros de atención infantil estén vinculadas con la preparación necesaria para ejercerlas.