La ex secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, acusó al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de haber controlado directamente los contratos de proveedores durante su administración. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Facebook el lunes 14 de septiembre de 2026.
Molina Gamboa afirmó que, al inicio de su gestión —que abarca el periodo 2017-2022—, el entonces gobernador delimitó las responsabilidades de forma explícita.
"Al asumir el cargo, el exgobernador estableció con claridad una separación de funciones: yo me encargaría de los asuntos técnicos y él controlaría toda la proveeduría y contratos con interés económico o político relevante", declaró la ex funcionaria.
Las adjudicaciones al grupo Carmona
Molina Gamboa señaló que recibió instrucciones directas para adjudicar contratos de obra y servicios a empresas vinculadas al grupo Carmona, entre ellas Permar y Hoser. Esas operaciones se canalizaron a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.
Según la ex secretaria, el subsecretario Alejandro Aguilar Pogner conocía y supervisaba esas decisiones.
Molina Gamboa reconoció que enfrenta denuncias penales por esos contratos. Pidió, sin embargo, que la investigación no recaiga solo en cargos subalternos.
"No hago esto para evadir mis obligaciones, pero solicito que se investigue toda la cadena de mando", expresó.
Contratos previos y otros señalados
La empresa Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento Maniflosa S.A. de C.V. ya había recibido adjudicaciones directas antes de las acusaciones de Molina Gamboa. Entre 2020 y 2021 obtuvo siete contratos por un total de 2,211,278.15 pesos; cuatro de ellos fueron adjudicaciones directas del Hospital Regional de Alta Especialidad en Tamaulipas.
Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, ex secretario de Administración de García Cabeza de Vaca, otorgó los contratos restantes. Salazar Anzaldúa enfrenta proceso penal por adjudicar directamente 14 contratos por 8.2 millones de pesos a distintas personas morales y físicas.
La ex secretaria, quien dijo contar con más de 35 años de servicio público sin faltas previas, pidió a las autoridades considerar el contexto de sus declaraciones en caso de que ella o su familia enfrenten intimidaciones.