El Poder Judicial de Tamaulipas necesita más jueces. La razón: la alta demanda de trabajo y la transición al nuevo modelo de justicia civil y familiar que debe operar bajo oralidad a más tardar el 1 de abril de 2027.
Así lo precisó Tania Gisela Contreras López, presidenta del Poder Judicial del Estado. Dijo que ese plazo lo impone el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya fecha límite tiene rango constitucional.
Tres jueces, mínimo
Contreras López confirmó que ya sostiene pláticas con el Poder Legislativo para formalizar la petición de al menos tres nuevos juzgadores. Su incorporación dependerá de la forma que defina el Congreso local.
Las opciones sobre la mesa son dos: recurrir a quienes participaron en la elección judicial o habilitar perfiles para cubrir esas funciones.
La presidenta del tribunal también mencionó que dos jueces tramitaron licencias ante el Congreso del Estado. Señaló que los ajustes han respondido, en algunos casos, a petición del propio juzgador y, en otros, a necesidades del servicio.
"Tuvimos la presentación de dos licencias de jueces que se dio cuenta el Congreso del Estado, hemos estado haciendo los ajustes, en algunos casos en petición del propio juzgador, a veces en razón de las necesidades del servicio, pero creo que lo importante aquí realmente, es ver cómo va a impactar en la necesidad el crecimiento", declaró.
Esquemas mixtos ante la elección popular de jueces
Para equilibrar la carga laboral, Contreras López planteó al Legislativo diseñar esquemas mixtos que combinen perfiles de carrera judicial con experiencia operativa.
La propuesta surge tras la reforma constitucional que instauró el voto popular para elegir jueces en México. Desde entonces, organismos técnicos, barras de abogados y autoridades judiciales han presionado al Poder Legislativo para que las leyes secundarias exijan criterios rigurosos de carrera y experiencia.
Contreras López, maestra en Derecho Constitucional, subrayó que la apertura a la participación ciudadana no debe desmantelar la profesionalización acumulada en décadas de carrera judicial.