El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, anunció que acatarán el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anuló restricciones electorales locales. Sin embargo, dejó en claro su desacuerdo con la decisión.
"No estamos de acuerdo, sin embargo, vamos a acatar lo que la Suprema Corte dice", afirmó Prieto Herrera.
Qué decía el decreto anulado
La SCJN invalidó el decreto 66-1146, el cual impedía postular candidatos a cargos municipales que tuvieran prisión preventiva, estuvieran vinculados a proceso o contaran con sentencia por delitos dolosos. El ministro ponente argumentó que la reforma al Código Municipal de Tamaulipas, publicada el 1 de julio, contravenía la veda de 90 días previos al inicio del proceso electoral para modificar la legislación electoral vigente.
Prieto Herrera rechazó ese razonamiento. Señaló que el Congreso había consultado al Tribunal Electoral, el cual respondió que la modificación no era de naturaleza electoral ni afectaba el proceso. Explicó que el cambio fue de redacción: el texto anterior mencionaba prisión preventiva y el nuevo lo sustituyó por la figura de proceso judicial.
"Ellos habían solicitado una opinión al Tribunal Electoral y el Tribunal les dice que no es una modificación electoral o que afecte el proceso electoral", precisó.
La sentencia y sus alcances
El líder de la bancada morenista en el Congreso local aclaró que la sentencia no tiene efectos retroactivos. Sus consecuencias aplican únicamente a partir de la notificación oficial, por lo que los acuerdos previos de la Junta de Gobierno no se ven afectados.
Prieto Herrera también señaló que cuando el asunto regresó al pleno de la SCJN, los ministros no entraron al fondo del asunto. Anularon el decreto bajo el argumento de una violación constitucional a la veda para emitir disposiciones legales en la materia.
El riesgo que advierte el Congreso
El legislador advirtió que con la anulación del decreto existe el riesgo de que se postulen candidatos con procesos judiciales activos. Recordó que a nivel federal ya se aprobaron filtros para investigar antecedentes delictivos de aspirantes, pero aclaró que la decisión final recaerá en los partidos políticos, quienes resolverán si presentan a personas con vínculos delincuenciales.