ASF inicia revisión de 25 años de contratos electorales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará una auditoría sobre 25 años de contrataciones y adquisiciones efectuadas por el sistema electoral mexicano entre 2000 y 2025. La fiscalización abarcará al Instituto Nacional Electoral (INE), al extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), entre los que se encuentra el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).
La revisión comprende el análisis de proveedores, concentración de contratos y presuntas prácticas ilegales vinculadas a adquisiciones y gastos de los órganos electorales. Así lo establece un comunicado emitido por la ASF.
El anuncio de la auditoría ocurrió tras la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para transparentar los contratos, y en medio de un escándalo de corrupción relacionado con contratos millonarios que resultó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.
Tres líneas de investigación sobre recursos de órganos electorales
Según la ASF, se impulsan tres líneas de trabajo para detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de las autoridades electorales. En primer lugar, se investiga de oficio contrataciones públicas de los organismos electorales estatales, el INE y el extinto IFE.
En segundo término, se desarrollará un estudio histórico que abarcará las adquisiciones de los últimos 25 años. El fin es identificar patrones de contratación y relaciones repetitivas con grupos empresariales. Esta revisión permitirá también examinar la presencia de proveedores concentrados y comparar esquemas de adquisición usados por IFE, INE y OPLEs.
El análisis buscará detectar eventuales prácticas ilegales tanto de empresas proveedoras como de servidores públicos implicados en el manejo de recursos públicos.
La tercera línea contempla una auditoría total al INE y una revisión del gasto federalizado ejecutado por organismos electorales locales en las entidades federativas. La ASF expuso que desde los trabajos de inteligencia y la información recabada ya es posible observar múltiples irregularidades históricas en el gasto público electoral.
Hasta ahora, la ASF no detalló qué organismos presentan tales anomalías ni señaló empresas, funcionarios, contratos específicos o montos presuntamente involucrados en los hechos analizados.
El organismo aseguró que sus investigaciones se desarrollarán con objetividad, rigor técnico y conforme a su marco legal. Los resultados deberán definir el alcance de las irregularidades encontradas y, en su caso, las responsabilidades de empresas o funcionarios.