Protesta por disputa legal en rancho familiar de Ciudad Victoria
Perla Olazarán Pérez y su esposo, Lauro Esteban Olmeda Villarreal, encabezaron una protesta frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Victoria. El motivo fue denunciar presuntas irregularidades en la resolución de un litigio por un rancho familiar.
La pareja acusa al magistrado federal Rubén Darío Silva de beneficiar a Román Cano Cabrera, quien reclama 10 hectáreas del Rancho San Pedro de los Ruices, localizado en las proximidades de Estación Santa Engracia. Los manifestantes aseguran que el predio ha estado en su familia durante 50 años y cuentan con documentación legal, como escrituras, para acreditar la propiedad.
Durante la manifestación, la situación se tornó tensa luego de que un inconforme pateara la puerta de acceso y rompiera un vidrio en el inmueble judicial.
Acusan favoritismo en resolución de amparo
Olazarán Pérez señaló que el conflicto tiene aproximadamente cinco años. Relató que Cano Cabrera intentó adquirir el terreno, pero al no concretarse la venta, presentó una demanda para reclamar parte de la propiedad. Según la pareja, el rancho suma 23.40 hectáreas y existen discrepancias en las mediciones presentadas por las partes en disputa.
"Me quiere quitar mi rancho, un rancho con escrituras, que tengo 50 años", dijo Olazarán Pérez.
Olmeda Villarreal mostró un certificado que, según explicó, fue emitido por la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y establece que la escritura presentada por la contraparte carece de antecedentes registrales.
"Tenemos aquí el certificado donde la escritura de la persona de la contraparte no tiene antecedente, no tiene validez jurídica", expresó.
El litigio corresponde al amparo 125/2022. Los manifestantes afirmaron que una resolución previa había ordenado regresar el caso al juzgado estatal para una nueva sentencia. Según su versión, posteriormente la resolución favoreció a la otra parte, perjudicando a la familia Olazarán.
Criticaron que, pese a los documentos presentados, se ordenara la entrega del predio ubicado en el kilómetro 22 de la carretera Interejidal a Cano Cabrera. Olazarán Pérez responsabilizó al magistrado de favorecer en el juicio a la contraparte y lo acusó de actuar bajo intereses económicos.
"Estoy completamente segura que el señor agarró dinero. Es un centavero y se lo puedo decir en su cara", declaró Olazarán Pérez.
Olmeda Villarreal señaló que el fallo carece de fundamento legal. "Estamos aquí para hacer pública la actuación que está teniendo, que está muy por fuera de lo que es la ley", aseguró.
La pareja anunció que continuará su defensa por la vía legal y viajará a la Ciudad de México para realizar un plantón ante otras instancias. También hizo público que podrían cerrar la circulación frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación.
"Ya apelamos a México, y nosotros posiblemente esta semana vayamos a hacer un plantón allá a México, no me voy a quedar callada", finalizó Olazarán Pérez.
