La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas (ASE) ajustó su plan anual de auditoría 2026. El objetivo es fortalecer la fiscalización del gasto y el registro de ingresos públicos en la entidad. Francisco Noriega Orozco, titular del organismo, presentó los cambios desde Ciudad Victoria.
El nuevo esquema introduce las llamadas auditorías integrales. Estas revisiones concentran en un solo procedimiento tres elementos: cumplimiento normativo, desempeño institucional y ejercicio de recursos. Así, la ASE obtiene una visión más completa del uso del dinero público.
Dos criterios guían la modificación al plan de auditoría
Noriega Orozco explicó que la decisión responde a dos criterios concretos. El primero es aligerar la carga de trabajo y redirigir los esfuerzos hacia las auditorías financieras. Por ello, las revisiones de desempeño quedan en un segundo plano durante este ejercicio.
"Estamos priorizando aquello que la ciudadanía demanda: auditorías sobre el ejercicio del gasto y el registro del ingreso", subrayó el funcionario. Según detalló, evaluar el desempeño equivale a revisar la operación de los programas públicos. Sin embargo, en 2026 la prioridad recae en las finanzas directas.
El segundo criterio apunta a resolver un rezago acumulado. Se trata de aproximadamente cien cuentas o informes de los ejercicios 2021 y 2022 que permanecen pendientes de dictamen. Según reporta la ASE, esos expedientes quedaron suspendidos en su momento por decisión de las legislaturas correspondientes.
Rezago de cuentas públicas 2021-2022, pendiente clave para Tamaulipas
La existencia de cerca de cien dictámenes suspendidos representa una deuda institucional relevante para la fiscalización estatal. Resolver ese rezago permitirá a la ASE cerrar ciclos de rendición de cuentas que llevan hasta cuatro años sin conclusión. Además, despejará la agenda del organismo para futuros ejercicios.
Para Tamaulipas, el ajuste al plan implica que municipios y dependencias estatales podrán enfrentar revisiones más exhaustivas y unificadas. El enfoque en gasto e ingreso busca responder directamente a la exigencia ciudadana de transparencia en el manejo de recursos públicos.
La ASE no precisó una fecha límite para dictaminar las cuentas rezagadas de 2021 y 2022.