La consejera electoral del INE Frida Dennise Gómez Puga dejó claro este domingo que validar la integridad y los antecedentes de candidatos no es atribución del Instituto. Así respondió a la propuesta del Ejecutivo federal de integrar al INE en una comisión de vigilancia para detectar aspirantes con vínculos al crimen organizado. La funcionaria originaria de Tamaulipas subrayó que esa responsabilidad recae directamente en los partidos políticos.
"No podemos ni debemos convertirnos en juez y parte de una contienda política", afirmó Gómez Puga. Según precisó, la función constitucional del organismo es organizar elecciones y garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Para la consejera, ese mandato no incluye investigar perfiles de candidatos.
La propuesta del Ejecutivo federal y el rol del INE
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 22 de mayo una iniciativa para crear, dentro del INE, una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Según la propuesta, la integrarían cinco consejeros electorales con presidencia rotativa anual. El organismo funcionaría como enlace confidencial entre partidos y autoridades de seguridad, inteligencia y finanzas.
Entre las instancias que recibirían los expedientes figuran:
- La Fiscalía General de la República (FGR)
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Sin embargo, Gómez Puga pidió a los legisladores delimitar con precisión ese papel. Según explicó, el INE debería actuar solo como intermediario para recibir, canalizar y devolver expedientes a las instancias competentes. El Instituto, insistió, no posee funciones de inteligencia, investigación ni seguridad.
La reforma aún no define lineamientos concretos
La consejera reconoció que la comisión propuesta todavía no está integrada. "Apenas estamos aterrizando la parte jurídica de la reforma", señaló. Una vez conformada, deberán establecerse los lineamientos operativos, pues según advirtió, ni la ley ni la reforma trazan una directriz clara sobre cómo funcionará el proceso.
Gómez Puga también integra la comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General. Desde esa experiencia, reconoció que el procedimiento implicaría gestionar más de 140 mil expedientes de candidaturas federales y locales. A pesar del volumen, aseguró que el Instituto cuenta con capacidad administrativa para asumir esa tarea. "Materialmente estamos posibilitados para hacerlo", afirmó.
Implicaciones para Tamaulipas en el proceso electoral
Para Tamaulipas, la discusión cobra relevancia directa. El estado enfrenta en cada ciclo electoral la postulación de candidaturas en municipios con alta presión del crimen organizado. La definición precisa de qué organismo debe depurar perfiles determinará, en la práctica, qué tan efectivo será el filtro antes de que los candidatos lleguen a las boletas.
Por ello, la postura de Gómez Puga coloca la responsabilidad en los propios partidos políticos. "Deben actuar con mucha responsabilidad y sentido social", advirtió la consejera. La reforma, concluyó, los sitúa frente a un paradigma distinto que aún no tiene reglas escritas.