El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Andrés Norberto García Repper Fávila, descartó que las denuncias por corrupción y desvío de recursos contra ex servidores de la administración cabecista prescriban. Para lograrlo, precisó, se recurrió a judicializar las carpetas de investigación y a vincular a proceso a excolaboradores clave.
"Prescriben cuando no haces nada, pero cuando estás haciendo actividades, no prescriben", afirmó García Repper Fávila.
El funcionario reconoció que algunos casos pueden extenderse más de un sexenio. Sin embargo, aclaró que eso no representa un riesgo para las investigaciones de la anterior administración estatal. La judicialización detiene jurídicamente el reloj de la prescripción.
Información bancaria y colaboración internacional
García Repper Fávila describió las investigaciones como procesos de gabinete complejos que requieren tiempo. Instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben entregar información sobre cuentas y asuntos patrimoniales. En ocasiones, también se solicitan datos a autoridades de Estados Unidos, cuya colaboración, dijo, "a veces les cuesta mucho trabajo obsequiar".
"Se batalla, es un tema de mucha investigación de gabinete, que por consecuencia, lleva tiempo", subrayó.
Explicó que la prescripción en México se calcula a partir de la pena máxima del delito imputado, generalmente peculado o uso ilícito de atribuciones. Existen mecanismos que mantienen vigentes las investigaciones mientras se realizan diligencias activas.
El fiscal detalló el tipo de evidencia que se construye en estos casos: situaciones patrimoniales, cuentas bancarias, redes de personas, parentescos, y rastreo de recursos a través de cuentas en el extranjero, paraísos fiscales y presuntos prestanombres.
Nuevas demandas de dependencias estatales
García Repper Fávila precisó que existen carpetas de investigación y denuncias tanto administrativas como penales ante instancias federales y estatales, aunque no dio una cifra total de expedientes. Las investigaciones, aseguró, siguen avanzando sin riesgo de prescripción.
En fechas recientes, dependencias como la Secretaría de Salud presentaron nuevas demandas que superan los 343 millones de pesos por presunta adjudicación ilegal de contratos.