La percepción de corrupción en los trámites estatales de Tamaulipas muestra una tendencia a la baja. La calificación promedio en mediciones de impacto gubernamental alcanzó 88% de satisfacción, según informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desde Ciudad Victoria.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la dependencia, explicó que se da seguimiento a la fiscalización y se reciben reportes ciudadanos a través de plataformas digitales de control interno. Desde el inicio de la administración estatal, se implementaron esquemas de auditoría de desempeño para transparentar los trámites en las dependencias públicas.
Quejas, expedientes y sanciones
De 2025 a la fecha, la Secretaría Anticorrupción recibió 251 quejas y denuncias. El 70% corresponde al Poder Ejecutivo; el resto involucra otras entidades, organismos autónomos e instancias federales.
"El resto son a otras entidades u organismos autónomos, incluso instancias federales, que no son de competencia estatal, sin embargo, se reciben y se les da el cauce correspondiente a la instancia que debe ser atendida", precisó Pedraza Melo.
De esas 251 quejas, las autoridades comprobaron modo, tiempo y lugar en los casos que lo permitieron, lo que derivó en 19 expedientes de presunta responsabilidad administrativa para darles el debido proceso conforme a la ley.
En total, desde el arranque de la administración estatal se han sancionado a 222 personas servidoras públicas. De ese total, 80 sanciones corresponden al año en curso.
"Hay un firme compromiso con la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas, desde que iniciamos la administración estatal hasta esta fecha se han sancionado a 222 personas servidoras públicas, de las cuales en este año corresponden 80", expuso la funcionaria.
Denuncias ante fiscalía y casos graves
La dependencia presentó 31 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) como resultado del trabajo realizado en la administración estatal.
Por conductas calificadas como graves por las autoridades investigadoras, se turnaron 86 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa en contra de servidores públicos que presuntamente cometieron irregularidades en el ejercicio de sus funciones.