El 95% de los servidores públicos del Poder Ejecutivo de Tamaulipas presentó su declaración patrimonial durante la actual administración. Así lo informó Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, al referirse a los cuatro años de gestión estatal.
En términos absolutos, más de 79 mil trabajadores cumplieron con esa obligación, ya sea en tiempo y forma o de manera extemporánea. El universo de personal sujeto a la medida abarca poco más de 80 mil empleados distribuidos en las distintas dependencias del Ejecutivo estatal.
Tres tipos de declaración obligatoria
La Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a todos los servidores públicos del país a presentar tres declaraciones: inicial, de modificación —que se entrega cada año en mayo— y de conclusión. En Tamaulipas, la misma obligación está establecida en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Las versiones públicas de esas declaraciones están disponibles para consulta ciudadana. "Esta es otra estrategia que garantiza la transparencia y rendición de cuentas, porque está la versión pública de todas estas declaraciones, a la que los ciudadanos pueden ingresar y verificar el patrimonio y la evolución que está teniendo un funcionario", señaló Pedraza Melo.
Qué revisan los órganos internos de control
Los órganos internos de control de cada dependencia comparan los ingresos reportados contra la adquisición de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y adeudos. Si un funcionario falsea información o no logra justificar un incremento desproporcionado en su patrimonio, se enfrenta a investigación de oficio, señalamientos por enriquecimiento oculto, sanciones penales e inhabilitación.
Pedraza Melo atribuyó el nivel de cumplimiento al trabajo que la secretaría emprendió desde el inicio de la administración para fortalecer la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas entre los servidores públicos.