El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Fávila, descartó este jueves tener alguna imputación, acusación o investigación abierta contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Lo dijo durante una entrevista con Aristegui en Vivo.
"En el caso de Tamaulipas no hay persecuciones por ser incómodo", afirmó al abordar la situación del exgobernador panista.
Precisó que los procesos judiciales que Cabeza de Vaca enfrenta actualmente corresponden a otra competencia y no fueron promovidos por la Fiscalía Anticorrupción estatal.
Lo que García Repper prometió al asumir el cargo
El funcionario recordó que al tomar posesión de la fiscalía —el pasado 5 de febrero—, se comprometió ante el Congreso local a evitar venganzas y persecuciones políticas.
"No iba a cobrar facturas políticas, ni hacer cacerías de brujas, ni descarrilar carreras", citó sobre aquella comparecencia. Añadió que legisladores panistas también respaldaron su designación.
Sostuvo que no existen investigaciones abiertas contra políticos por su condición opositora, y ofreció recibir cualquier denuncia que Cabeza de Vaca presente sobre asuntos de orden estatal.
Señaló además que con frecuencia se confunden las facultades federales y las estatales, "particularmente cuando se abordan posibles delitos relacionados con huachicol u otras actividades de competencia federal".
La condición jurídica de "prófugo de la justicia"
García Repper Fávila subrayó que, desde el punto de vista jurídico, Cabeza de Vaca mantiene actualmente la condición de "prófugo de la justicia". Aclaró que esa expresión corresponde exclusivamente a una categoría jurídica y constitucional.
Citó el artículo 38 de la Constitución, que establece la suspensión de derechos y prerrogativas ciudadanas cuando una persona es prófuga de la justicia, "desde el momento en que se emite la orden de aprehensión hasta que prescribe la acción penal".
Bajo su interpretación, no es indispensable encontrarse fuera del territorio mexicano: bastaría evitar comparecer ante la autoridad judicial que ordenó la aprehensión.
Recordó que el Tribunal Electoral analizó esta situación en 2024, cuando Cabeza de Vaca intentó obtener una diputación federal por representación proporcional postulado por Acción Nacional.
Según el fiscal, esa condición representa un impedimento para ejercer derechos político-electorales, incluyendo votar y competir por un cargo público, mientras permanezcan vigentes las circunstancias jurídicas correspondientes. No obstante, aclaró que tener una orden de aprehensión no cancela por sí mismo los derechos electorales cuando una persona enfrenta su proceso judicialmente, permanece en libertad y no está prófuga.