A 30 días de que arranque el proceso electoral federal 2027 —previsto para el 10 de septiembre—, la consejera nacional del INE, Frida Denisse Gómez Puga, señaló que la infiltración del crimen organizado en las candidaturas es una de las mayores amenazas para la gobernabilidad, la seguridad y la confianza ciudadana en la política.
La consejera, originaria de Tamaulipas, hizo el llamado desde Ciudad Victoria y fue directa: los partidos no deben postular a personas con presuntos vínculos criminales. "Son ellos quienes seleccionan, registran y respaldan a sus candidatos", advirtió.
La Comisión de Verificación de Integridad
Para atender esa exigencia social, el INE puso en marcha en julio la Comisión de Verificación de Integridad. El mecanismo funcionará como enlace confidencial entre los partidos y las instituciones de seguridad y justicia, entre ellas la FGR, la UIF y la Secretaría de Seguridad.
El proceso opera así: los partidos enviarán listas de aspirantes a la comisión, que a su vez solicitará reportes de antecedentes a las dependencias federales. La información resultante se devolverá al partido bajo estricta secrecía.
Gómez Puga fue precisa sobre el alcance del INE en este esquema: "El INE operará solo como oficialía de partes y no validará de forma autónoma la elegibilidad criminal."
La decisión final queda en manos de los partidos
La consejera aclaró que, incluso cuando las autoridades de seguridad aporten información sobre presuntos vínculos criminales de un aspirante, la decisión de otorgar o negar la candidatura corresponde al partido.
Por eso, descartó que el instituto pueda ser considerado responsable si alguien con posibles nexos criminales termina en una boleta electoral.
"Es decisión del partido político, con lo que le llegue de estas instituciones, decidir si es candidato o no es candidato", explicó.
Gómez Puga reiteró que el INE actuará como enlace institucional para recibir y entregar información, sin fungir como instancia certificadora de la integridad de las candidaturas.