La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas formalizó 36 denuncias penales contra servidores públicos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos. Así lo informó el titular del organismo, Francisco Noriega Orozco, al detallar el avance de la estrategia de fiscalización estatal.
Las denuncias penales derivan de anomalías y observaciones financieras que los funcionarios —en activo y exfuncionarios— no lograron aclarar ni comprobar durante las revisiones de ley. Una vez agotado ese proceso, los expedientes fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Noriega Orozco precisó que cinco de esas denuncias se presentaron en julio y otras cuatro están listas para su próxima formalización. Esas nueve acciones penales involucran, en promedio, a cuatro servidores públicos por cada ente fiscalizado.
"Estamos hablando de un promedio de cuatro servidores públicos por cada ente, pero hay casos en que es mayor el número", explicó el auditor.
Ayuntamientos, los principales entes involucrados
El funcionario evitó identificar públicamente los entes auditados, aunque señaló que la mayoría corresponde a ayuntamientos. Entre los denunciados figuran titulares de organismos, tesoreros, síndicos y contralores.
Las nueve denuncias más recientes corresponden al ejercicio fiscal 2023, según precisó Noriega Orozco.
Plazos acortados para evitar la prescripción
El auditor explicó que el plazo máximo para concluir la revisión de una cuenta pública es de dos años y diez meses. Después de ese periodo, la ASE dispone de hasta siete años para presentar denuncias. Con la nueva estrategia, ese procedimiento se realiza en menos de un año.
Noriega Orozco admitió que anteriormente algunas acciones podían prescribir sin llegar ante las autoridades, lo que favorecía la impunidad frente a observaciones no solventadas.
"Eso ya no lo vamos a permitir y por eso estamos presentando las denuncias", sostuvo al respaldar el nuevo esquema de trabajo.
El auditor adelantó que en octubre el Congreso podría tener listas para dictamen cerca de dos terceras partes de las cuentas públicas correspondientes a 2025.