El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó este jueves 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027 con acusaciones de sesgo político, advertencias de judicialización y una carga operativa que la propia consejera reconoce como desbordante.
La consejera electoral Frida Dennise Gómez Puga describió el arranque como un escenario de "alta complejidad logística". La razón central: las elecciones intermedias coinciden con la segunda parte de la elección judicial.
La coincidencia que satura al INE
Las elecciones intermedias contempla renovar 500 diputaciones federales y más de 19,600 cargos locales. Al empalmarse con la segunda vuelta de la elección judicial, el organismo enfrenta una presión operativa sin margen.
Gómez Puga precisó que empatar ambos procesos genera condiciones "materialmente imposibles". Los partidos políticos tienen prohibido intervenir en la elección judicial, lo que obliga a separar físicamente los lugares de votación, duplicar o triplicar la logística en territorio y resguardar boletas en espacios completamente independientes.
Seis años de judicialización en aumento
La consejera señaló que "desde hace por lo menos seis años a la fecha, la judicialización de los procesos electorales se ha recrudecido, generando una importante carga laboral en las instancias jurisdiccionales como en los organismos electorales de cada estado en el país".
Ante ese escenario, Gómez Puga colocó la responsabilidad también en los partidos y actores políticos. Afirmó que "para lograr una contienda que fomente la estabilidad y la confianza de la ciudadanía, los partidos deben asumir compromisos éticos, legales y discursivos que pongan el bienestar democrático por encima de las pasiones individuales".
Enfatizó que el liderazgo político tiene la obligación de debatir propuestas e ideologías sin recurrir a la descalificación personal, discursos de odio o narrativas de confrontación radical.
Corresponsabilidad antes, durante y después de la votación
Gómez Puga reiteró que un proceso tranquilo no depende únicamente de las autoridades electorales. Requiere la corresponsabilidad activa de los partidos para competir con madurez, respetar la legalidad y promover la paz social antes, durante y después del día de la votación.
La consejera admitió, al cierre, que el arranque de este ciclo rumbo a 2027 se ve marcado por un "marcado déficit de credibilidad institucional y un clima de polarización interna", aunque el aparato operativo del INE mantiene su estructura profesional base.