Al arrancar el ciclo escolar 2026-2027, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) identificó tres desafíos que, según la organización, la autoridad educativa debe atender: rezago académico, abandono escolar y regulación del uso del celular en clases.
Israel Sánchez Martínez, presidente de la UNPF, señaló que los problemas acumulados en el sistema educativo exigen acciones concretas. Para él, se deben mejorar las condiciones físicas de las escuelas y garantizar que los estudiantes permanezcan en ellas.
Celulares sí, pero con presupuesto
Las nuevas disposiciones para limitar el uso del celular y redes sociales durante la jornada escolar cuentan con el respaldo de los padres de familia. Sánchez Martínez reconoció que la medida puede favorecer la concentración de los alumnos y fortalecer el trabajo docente en el aula.
Sin embargo, advirtió que restringir los dispositivos resulta insuficiente si las escuelas no tienen condiciones para incorporar la tecnología cuando se necesite. La UNPF pide que la regulación vaya acompañada de presupuesto para garantizar suministro eléctrico, acceso a internet de calidad, equipos de cómputo suficientes y actualizados, y capacitación para docentes y directivos.
Más del 50% de alumnos con rezago
El segundo reto que señaló la organización es el rezago en aprendizajes fundamentales. Según las cifras que maneja la UNPF, más del 50% de los estudiantes del país enfrenta algún grado significativo de rezago, sobre todo en lectura, escritura, matemáticas y ciencias.
Ante eso, el organismo propone una estrategia integral, medible y permanente para recuperar aprendizajes. La atención prioritaria, planteó Sánchez Martínez, debe dirigirse a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad y a escuelas en contextos de mayor rezago.
Casi 9 millones dejaron la escuela
La UNPF también alertó sobre el abandono escolar. Al cierre del ciclo anterior, según la organización, la problemática alcanzaba a casi nueve millones de estudiantes. Por eso, pidió colocar la permanencia escolar entre las prioridades de la política educativa nacional.
Sánchez Martínez planteó además incrementar el presupuesto destinado a educación, pero acompañado de mecanismos que garanticen que los recursos se traduzcan en mejores condiciones para las escuelas, materiales suficientes y herramientas para el trabajo docente.